La Fiscalía de la Corte Penal Internacional publica su nueva Política para Abordar los Daños Ambientales mediante el Estatuto de Roma
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha publicado su nueva 𝙋𝙤𝙡𝙞́𝙩𝙞𝙘𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝘼𝙗𝙤𝙧𝙙𝙖𝙧 𝙡𝙤𝙨 𝘿𝙖𝙣̃𝙤𝙨 𝘼𝙢𝙗𝙞𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙚𝙡 𝙀𝙨𝙩𝙖𝙩𝙪𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙍𝙤𝙢𝙖 (diciembre 2025), un documento que establece un marco integral para la consideración del daño ambiental dentro de la jurisdicción penal internacional. Esta publicación representa un hito en la evolución de la justicia internacional, al reconocer de manera explícita el impacto que la degradación del entorno puede tener en la comisión de los crímenes más graves contemplados en el Estatuto de Roma.
La Política aclara cómo el daño ambiental puede constituir genocidio cuando la destrucción del entorno contribuye a generar condiciones de vida destinadas a destruir a un grupo protegido; crímenes contra la humanidad cuando forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil; crímenes de guerra cuando implica ataques que causen daños extensos, duraderos y graves, la destrucción ilícita de recursos naturales o la utilización de la hambruna como método de guerra; y el crimen de agresión, reconociendo los efectos ambientales derivados del uso ilegal de la fuerza entre Estados.
El documento detalla además los elementos operativos que orientarán la actuación de la Fiscalía en este ámbito. Entre ellos se encuentran la definición de “daño ambiental” y su aplicación transversal a los crímenes del Estatuto de Roma; la introducción de criterios para evaluar la escala, naturaleza, impacto y consecuencias intergeneracionales de los daños ecológicos; y la elaboración de directrices para la realización de exámenes preliminares, investigaciones, acusaciones, determinación de sanciones y reparaciones cuando el daño ambiental sea un componente relevante del caso. Asimismo, la Política enfatiza la necesidad de adoptar un enfoque interdisciplinar que integre ciencia ambiental, salud pública, economía y conocimientos de pueblos indígenas, y precisa la responsabilidad penal individual de personas directivas de empresas cuando sus decisiones o acciones contribuyan a crímenes que impliquen daño ambiental. También refuerza la importancia del principio de complementariedad, invitando a los Estados a investigar y perseguir activamente la criminalidad ambiental.
Esta Política constituye la guía más exhaustiva emitida por la CPI hasta la fecha sobre la forma en que la destrucción ambiental se vincula con el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y la agresión, y cómo estas conductas serán abordadas en la labor de la Fiscalía. Con este avance, la Corte sitúa el daño ambiental como un componente fundamental de la justicia penal internacional, alineando su práctica con los esfuerzos globales destinados a enfrentar la degradación del entorno, proteger a las comunidades afectadas y fortalecer la rendición de cuentas ante los delitos que afectan al planeta y a las personas.
>> Descargar la Política para Abordar Daños Ambientales mediante el Estatuto de Roma
